Intervencionismo y el recorte de libertades

Las compañías farmacéuticas saben que posiblemente su mayor competencia es la de los suplementos nutricionales que, en comparación, están virtualmente libres de efectos secundarios. El modo de evitar tal competencia es, como siempre, reclamar al poder político que imponga restricciones. Esto es, que genere monopolios gracias al intervencionismo de la ley. La intromisión gubermental en el mercado sanitario crea situaciones tan ridículas y nefastas como que la ley generadora de monopolios favorece los precios elevados de los productos de las farmacéuticas; luego, el propio Gobierno a través de sus diversos programas de salud pública acaba pagando a las farmacéuticas esos altos precios. En realidad, el sistema público-político está organizado por defecto de modo que todos acabamos costeando esos bienes, en este caso los fármacos, nos guste o no. Al fin y al cabo, como decía un sabio economista, el Gobierno no tiene nada ni produce nada, sino que "produce" sustrayendo por la fuerza a los ciudadanos el fruto de su trabajo. Nótese que la palabra impuestos viene del verbo imponer. Y no sólo no son voluntarios, sino que incluso la propia democracia deviene tiranía cuando se le otorga al Gobierno un poder tan importante para disponer a su antojo de lo que producimos los ciudadanos. No sin perspicacia, el revolucionario y pensador norteamericano Benjamin Franklin afirmaba en el siglo XVIII que la democracia eran dos lobos y un cordero votando sobre lo que se va a comer, mientras la libertad es un cordero armado rebatiendo el valor del voto. Para evitar tales atropellos -el problema de la tiranía de la mayoría en una democracia- se crearon las Constituciones a lo largo del siglo XIX especialmente. Una Constitución se ideó como documento legal que preservaba los derechos individuales de los ciudadanos y limitaba severamente el poder del Gobierno para aniquilarlos. Sin las Constituciones del movimiento liberal de la Ilustración y el XIX, en una democracia pura y dura el 51% de la población podría robar, esclavizar o aun asesinar al 49%.

La cuestión actual es preguntarnos hasta qué punto el Gobierno se mantiene en un papel reducido y limitado de proteger la vida y libertad de los ciudadanos, o bien hemos degenerado en una democracia con hipergobierno, donde éste decide por los ciudadanos en asuntos donde se trasgrede la libertad de cada persona e individuo: qué comer o no, qué educación queremos para nuestros hijos, qué tipo de sustancias deseamos consumir, qué ideología deseamos tener, qué terapia preferimos para nuestra enfermedad, o en qué deseamos gastar nuestro dinero obtenido con el esfuerzo de nuestro trabajo. Libertad es, en suma, hacer todo lo que queramos siempre que respetemos la libertad y propiedad ajenas. Aunque las democracias actuales respetan muchas libertades, sin duda los que hace más de un siglo precavían sobre los peligros de un Gobierno grande estarían asustados con el megapoder de cualquier gobierno en cualquier democracia actual, lo mismo Estados Unidos que España o Alemania.

El problema y peligro de no advertir la lenta pero constante agresión a nuestras libertades y los inevitables problemas sociales o económicos que esto acarrea es sabiamente aprovechado por quienes pueden reclamar el favor del Gobierno. Son los llamados lobbies o grupos de presión. Quizás sea una parte no evitable en una democracia, pero es un daño a la libertad y al progreso de cualquier sociedad, donde la producción debe atender a la demanda de los consumidores, no a la demanda que decide un Gobierno a través de sus grupos de presión más efectivos. Y como el Gobierno no produce sino que dispone de lo ajeno (gracias a los impuestos), el sistema hace que ¡una gran parte de lo "producido" (el Gobierno o Estado ocupa entre un 30 y 50% de las economías occidentales) sea determinado por alguien improductivo! Realmente, cuando algunos convencidos del valor y la necesidad de tal Gobierno grande claman contra el mercado, están diciendo que no somos los ciudadanos los que debemos elegir. Y aunque la palabra mercado tenga por degracia connotaciones a veces negativas en nuestra sociedad, es simplemente la palabra por la que designamos las relaciones voluntarias entre todos los individuos de cualquier sociedad. El mercado es inevitablemente social porque es la sociedad.

Pero no sólo los intereses políticos recortan la libertad y el mercado, sino que las propias empresas y múltiples intereses económicos medran gracias a que solicitan privilegio y monopolio al Estado anulando la libre competencia y el mercado. Ni que decir tiene que el nazismo y el comunismo fueron y son los dos máximos exponentes de aniquilación del libre mercado y la propia libertad. Creer que un Gobierno es sabio y bueno simplemente porque es elegido por una mayoría -es democrático- es una entelequia. Sin querer entrar en teoría económica, a este respecto un economista de principios del siglo XX incluso afirmaba con gran lógica que ni el Gobierno con los mayores expertos y sabios del mundo o las personas más honestas podría ser eficiente por la sencilla razón de que los gustos, opiniones y actitudes de los ciudadanos y consumidores son subjetivas y siempre cambiantes, y por tanto un sistema sin mercado -pensemos en el comunismo o nazismo, en cuya época vivió este economista- colapsa porque los precios no atienden a las necesidades y preferencias individuales, sino a la decisión ciega del Gobierno.

En realidad, toda esta defensa del valor de la libertad, tanto como principio ético y moral como principio de progreso económico y social, viene a cuento de buenas noticias para las farmacéuticas y malas para los consumidores. El lobby farmacéutico ataca de nuevo en alianza con el Gobierno. Y es que Medicure Pharma ha solicitado a la FDA de EEUU la conversión del gran compuesto antiglicación pyridoxal-5'-phosphate en medicamento. Es decir, ha demandado que el Gobierno a través de su brazo sanitario, la FDA, prohíba los suplementos de pyridoxal-5'-phosphate. En 2009 desgraciamente, una petición igual de la que hablé, en este caso por parte de la compañía Biostratum, acabó con la venta libre de pyridoxamina, otra forma antiglicante de vitamina B6. ¿Cuánto más vamos a tolerar semejantes abusos? Por supuesto, la solución no es que el Gobierno de turno favorezca a la industria de los suplementos, ni a la alimentaria de ningún tipo, sino que sea neutral, que no favorezca a nadie y delegue el poder de decisión en los consumidores, quizás si acaso recomendando o advirtiendo, pero no subvencionando ni prohibiendo. Como decía otro pensador del siglo XX, Rothbard, "lo único que le pido al Gobierno es que me deje en paz".