En defensa de nuestra libertad

La existencia de la amenaza del gobierno y la clase politica sobre la libertad de los ciudadanos no es nada nuevo. Es propio de la casta burocrática. Esto no quiere decir que no debemos denunciar todos y cada uno de los atropellos sobre las libertades y derechos individuales. Este mes, el senador republicano John McCain (muchos se acordarán de él por ser el contrincante de Obama en las presidenciales de 2008) y el demócrata Byron Dorgan han introducido en el debate parlamentario norteamericano una nueva ley que, de aprobarse, supondría un claro retroceso en la libertad de los ciudadanos a la hora de acceder a nutrientes seguros, eficaces y asequibles. Parece innegable que detrás de todo esto están los intereses de las farmacéuticas, los mismos que en España han presionado para retirar de la venta libre la melatonina este mismo mes, y que posee un récord de seguridad y eficacia frente a la que palidecen no pocos fármacos. Dicha ley, denominada Dietary Supplement Safety Act (DSSA) anularía partes importantes de una ley de 1994 que protegía los derechos de los americanos en el acceso a suplementos nutricionales, la Dietary Supplement Health and Education Act (DSHEA). El origen de la redacción de esta nueva ley en debate está en el uso de medicamentos esteroides por jugadores de la liga de béisbol en EEUU y que alguna compañía ha vendido fraudulentamente de forma libre como un suplemento. Pero lo cierto es que la FDA (Food and Drug Administration, que regula los alimentos y medicamentos en EEUU), ya tiene poder suficiente para sacar del mercado estas prácticas ilegales. Con esta ley aumentaría la arbitrariedad de esta agencia pública en sus regulaciones y prohibiciones. El problema es que la FDA hace mal su supuesto trabajo, pero no es que necesite de poderes adicionales. La ineficacia parece inherente a todo organismo público y burocratizado, y la FDA es claro ejemplo de ello. Las prestigiosas publicaciones Reader's Digest y el Wall Street Journal en 2008 publicaron sendos reportajes sobre la ineptitud de la FDA para velar por los intereses de salud pública, demostrando que en ocasiones puede incluso representar hasta una amenaza. El primer reportaje de ellos afirmaba:

[...] de un desastre a otro, esta agencia [FDA] con 102 años de antigüedad aprende de los peligros demasiado tarde y reacciona demasiado lento para solucionarlos. En lugar de depender de ella, los americanos están empezando a dudar de ella, y con buenos motivos

Imagínate que tienes una empresa farmacéutica, y que los médicos te dicen que cada vez los pacientes están rechazando más el consumo de medicamentos y optan en su lugar por suplementos más baratos y sin apenas efectos secundarios. Esto es parte de lo que está pasando en EEUU, y motivo por el cual la presión de la farmacéuticas sobre el Congreso, el Senado y los políticos en general es creciente. No es que les preocupe a las farmaceuticas más o menos los intereses de los consumidores o su salud, simplemente sienten amenazada su posición privilegiada en el ámbito de la salud. En tanto la FDA está dominada por los intereses farmacéuticos, esta ley permitiría a dichas compañias ejercer un poderoso control sobre todo el mercado potencialmente competidor y, en última instancia, el acceso o no a determinados suplementos a pesar de su seguridad. Recordemos la restricción de la vitamina B6 en forma de piridoxamina en 2009 a la que me referí, por el interés de una compañía farmacéutica de elaborar con la misma un medicamento de prescripción para tratar el fallo renal diabético. Si se aprobara la nueva ley, esto daría una capacidad casi total a las farmacéuticas para decidir sacar del mercado de suplementos algo para convertirlo en un costoso medicamento. Comparemos por ejemplo los suplementos de aceite de pescado con su equivalente Lovaza de prescripción. ¿Puedes llegar a imaginar que se prohibieran los suplementos de aceite de pescado para convertirlos exclusivamente en medicamentos hasta 4 o 5 veces más caros? Esta nueva ley se reviste de un deseo de aumentar la seguridad de los consumidores y ciudadanos, pero uno podría preguntarse ¿para protegerlos de qué? Como he mencionado, los poderes públicos tienen potestad más que amplia para suspender las actividades fraudulentas e inseguridad. Pero es más, en 2008 el American Association of Poison Control Centers resgitró cero muertes por el uso o consumo de cualquier tipo de suplementos nutricionales. Y esto no es nada nuevo, pues las estadísticas de muertes provocadas por el consumo de suplementos nutricionales son prácticamente inexistentes año tras año. ¿Puede decir lo mismo la industria farmacéutica, responsable de miles de muertes?

Para decidir de modo más arbitrario si un suplemento puede venderse o no, esta ley prevee que se envíen obligatoriamente a la FDA todo tipo de reacciones de los consumidores de cualesquiera suplementos y, esto es la novedad, incluso aunque no sean graves o serios en ningún sentido, lo cual evidentemente acaba reportando efectos casuales, que no causales. De este modo la FDA podría emplear la ley para vetar un suplemento aunque no hubiera causado realmente ni un solo efecto adverso significativo. Y prevée que la FDA puede hacer igualmente tal cosa si considera que hay algo tan vago científicamente como una "razonable probabilidad" de algún problema serio futuro con un suplemento. Es innegable que con la excusa de la seguridad -que ya existe- se aumenta la discrecionalidad.

Para hacernos una idea de la gran ciencia de la FDA, a comienzos de los '90 consideraba peligrosos el selenio, la coenzima Q10 (un excelente nutriente cardiovascular) o el cromo (muy importante para la sensibilidad a la insulina). Si hubiera existido la ley que quieren pasar los senadores McCain y Dorgan es muy posible que estos suplementos hubieran sufrido una fuerte restricción entonces. Por suerte, no fue así. Es aún más indignante que en tiempos de crisis y de unas cuentas públicas con números cada vez más preocupantes en gran parte de los países occidentales, empezando por EEUU y nuestro propio país entre muchos otros, se pretenda promulgar leyes que limiten la libre competencia y aumenten críticamente los costes, en este caso en el ámbito sanitario tanto favoreciendo monopolios de las farmacéuticas como aumentando el número de pacientes de la medicina farmacológica como consecuencia de la reducción de salud en quienes ya no podrían consumir suplementos eficaces y seguros. Esta ley, además, reduciría enormemente la capacidad de innovación y avances propios de los sistemas de mercados abiertos y libre empresa, caracterizados por la constante reducción de costes y aumento de la productividad. El progreso en investigación se estancaría de un modo importante, sin el esencial acicate de la competencia que genera beneficios globales en la sociedad.

Sólo nos queda esperar, a los que no somos ciudadanos norteamericanos, que dichos ciudadanos acaben respondiendo del mismo ejemplar modo que en 1994 les llevó al triunfo de la aprobación de la Dietary Supplement Health and Education Act (DSHEA), que protegía la libertad de los pacientes y consumidores y salvaguardaba la potencial competencia a las compañías farmacéuticas. A los ciudadanos norteamericanos, que algunos me consta que me leen, sólo puedo emplazarlos a movilizarse a través de las peticiones ciudadanas contra esta ley que ya circulan. Como decía al principio, siempre el Estado ha supuesto cuanto menos un potencial claro peligro contra la libertad y los derechos de los individuos. Al fin y al cabo el Estado ostenta el absoluto monopolio de la ley y tiene poderes y capacidades prohibidos al resto de ciudadanos. No olvidemos que esa palabra llamada impuestos viene del verbo IMPONER. Llámese monarquía absoluta o autoritaria, teocracia, democracia...el Estado siempre se ha erigido en presunto protector nuestro. Pero como muy bien decía el épico orador latino Cicerón: ¿Quién nos protegerá de nuestros protectores?